El mundo se desliza por una transición imparable para logar un planeta más sostenible: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 marcan la senda. Si organizaciones empresariales y gubernamentales ya destinan recursos y talento para lograrlo, el sector de las finanzas no podía ni debía quedarse atrás. Por este motivo, un total de 130 bancos en todo el mundo firmaron los Principios de Banca Responsable en 2019. Las finanzas del mañana se tiñen de verde.

Las emisiones de bonos verdes están creciendo de forma exponencial y en cada una de ellas hay una agencia de calificación financiera especializada que asigna lo que se conoce como opinión de segunda parte, una suerte de rating de la sostenibilidad con el que acreditar ante el inversor que esos bonos que dicen ser verdes efectivamente lo son.

La agencia Vigeo Eiris (V.E.) es la más activa en la concesión de ese “sello verde” en Europa. Ha calificado a la reciente emisión realizada por la Comisión Europa –que debutó la semana pasada con sus primeros bonos verdes, por 12.000 millones de euros– y también la lanzada por el Tesoro español, con sus primeros 5.000 millones de euros.

BBVA ha actuado como coordinador sostenible para Wood, la firma británica de ingeniería y consultoría, en una nueva línea de financiación sostenible sindicada en la que han participado 16 entidades financieras. Esta financiación, por importe de 1.200 millones de dólares, es el segundo préstamo vinculado a la sostenibilidad (SLL) formalizado por Wood.

Las gestoras, como principales accionistas de las compañías en las que invierten, cada vez tienen más poder para forzar cambios en las estrategias de sostenibilidad de las empresas.

Los gigantes mundiales de la gestión de activos imponen a pasos agigantados su poder sobre la sostenibilidad de las empresas. Los grandes fondos internacionales aprovechan su figura como principales accionistas de las compañías para forzar cambios en sus estrategias con el objetivo de priorizar las políticas relacionadas con el medio ambiente.

Son muchas las expectativas puestas sobre la regulación europea para armonizar los criterios de inversión sostenible. No obstante, de momento, los retrasos acumulados y la falta de claridad han causado efectos no deseados para la industria de fondos y los inversores.

En particular, la distribución transfronteriza de los productos de inversión con enfoque ambiental, social y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) pasa por apuros ante las divergencias de las directrices de los supervisores locales en la Unión Europea.

El 92% de las entidades financieras ha asegurado que incorpora aspectos sociales en su análisis ESG (criterios sostenibles, sociales y buena gobernanza), de las que un 33% la valora como de importancia alta y el 44% como muy alta, en tanto que solo un 27% declara no darle más importancia a este criterio después de la pandemia.

Así lo concluye el informe La dimensión social de la inversión sostenible, elaborado por Spainsif.

Los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno, conocidos por su acrónimo en inglés ESG, han pasado a ser tenidos en cuenta en el diseño de la agenda de prácticamente todas las organizaciones públicas y privadas.

Los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno, conocidos por su acrónimo en inglés ESG, han pasado a ser tenidos en cuenta en el diseño de la agenda de prácticamente todas las organizaciones públicas y privadas. No en vano uno de los pilares del fondo de recuperación Next Generation EU es transitar hacia una sociedad y una economía más sostenibles.